FELIPE V. OPOSICIÓN DEL CONSEJO DE CASTILLA A REDUCIR EL INTERÉS DE LA DEUDA DE LOS CENSOS. 1718

Posted on 28 junio, 2023

El 1 de febrero de 1705 se redujo el interés que debían cobrar los acreedores de sus préstamos del 5 al 3 %. Esta medida sólo afectaba a Castilla, pues los territorios de la Corona de Aragón todavía no se gobernaban con las mismas leyes de Castilla al no haberse promulgado los decretos de Nueva Planta. En 1718 se planteó efectuar la rebaja en aquellos territorios y equiparar el interés al que se pagaba en Castilla. El Consejo se opuso frontalmente a la medida por perjudicar a los principales prestamistas (clero y nobleza) y la norma no se modificó hasta 1750, cuando Fernando VI equiparó el interés censal de todos los territorios de la corona aragonesa a Castilla.

(España. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte A. H. N. Consejos libro 1.898).

Señor:

            Con ocasión de haber publicado en estos Reinos de Castilla la Pragmática de 13 de febrero de 1705 en que se redujeron los réditos de censos de 5 a 3 %, y reintegrándose V. M. después en los Reinos de Aragón, Valencia y Principado de Cataluña, se ha suscitado la duda si en ellos debía practicarse la referida Pragmática y cobrarse los censos a razón del 3 % y no más, lo que dio motivo a muchas representaciones que se hicieron por el Arzobispo de Zaragoza, Iglesia Catedral de Valencia, y otros interesados sobre este punto que V. M. remitió al Consejo en diferentes tiempos para que se le consultase lo más conveniente, quien en 7 de marzo de 1716 consultó a V. M. que por ahora no se hiciese novedad, y que para tomar resolución en el todo con mayor acuerdo se necesitaba que las Audiencias de los tres Reinos informasen sobre esta materia con toda especificación, enteradas de lo que dijesen las ciudades e iglesias y demás interesados sobre la conveniencia o daño que podía resultar de la determinación. Y V. M. se conformó en todo con este dictamen mandando que se diesen órdenes para que las Audiencias diesen los referidos informes, y el Consejo mandó dar los Despachos para ello. En cuya virtud han informado, expresando los bienes o males que podrían experimentarse, habiendo oído cada una en su territorio a las comunidades y pueblos que son interesados en este punto, y V. M. por diferentes órdenes remitidas por medio de D. José Rodrigo en 24 y 28 de agosto de este año ha mandado que el Consejo le consulte su sentir, por lo que importa la resolución de este negocio. En cuyo cumplimiento el Consejo mandó lo viese todo el Fiscal de V. M. y se llevase al relator para su determinación.

            Y en su cumplimiento el Fiscal de V. M. tomó los autos y respondió, cuyo contexto se reduce a referir lo antecedente y expresar por mayor lo que se expresa en los informes remitidos que abajo se apuntarán, y que en esta atención el Consejo haga presente a V. M. las Reales Resoluciones que ha habido sobre este expediente y dependencia, y pasar a sus Reales manos los informes de las Audiencias, para que en inteligencia de su contenido resuelva lo que más fuere de su Real agrado.

            El Consejo ha visto con gran reflexión lo que resulta de los informes, y lo demás contenido en los autos, y considera que es muy grave este punto y de mucho peso por las repetidas discusiones que en él se ha discurrido y disputado sobre esta materia, y especialmente en el año de 1699 en que habiendo precedido memoriales y súplicas de muchos interesados, y oído a las ciudades de estos Reinos, y teniendo presentes los motivos de esta controversia, recelando siempre que la baja no había que producir el bien público que se proponía, siendo conocido el daño que se causaba no fue de parecer que se hiciese novedad alguna, con cuyo dictamen se conformó la Majestad de Carlos II. Prosiguieron después las súplicas, ponderando los daños de estar los pueblos y sus vecinos cargados de censos, y que los frutos de sus heredades a costa del trabajo personal de todo el año no eran bastantes a la satisfacción de los censos y tributos reales, por cuya causa les tenía mejor cuenta desampararlas que cultivarlas, de donde se originaba gran parte de la despoblación, se aumentaban los pobres y se oía su clamor en todas partes, y por esto muchas ciudades, viendo semejante miseria, ocurrieron a V. M. pidiendo la baja de censos, juzgando por este medio se remediaría  gran parte de este daño, lo que fue motivo a que V. M. mandase formar una Junta de algunos Ministros que viesen y examinasen esta pretensión. Y habiéndose ejecutado se expidió después eal Decreto de V. M. en 23 de enero de 1705 en que, en atención a las referidas instancias de diferentes ciudades, villas y lugares, minoración d las haciendas redituables, y que muchos acreedores, por conservar sus censos, habían convenido con los deudores en la baja de su rédito, mandó reducirlos al 3 % y que fuesen a este respecto los que se impusieren de nuevo.

            El Consejo, en su representación de 4 de febrero de dicho año, rindió a V. M. repetidas gracias por el deseo y solicitud que ponía en el alivio de sus vasallos, y antes de poner en ejecución su Real mandato propuso a V. M. que, aunque se hiciese la minoración, consideraba que era muy gravosa la reducción de 5 a 3 % por el daño tan considerable que se sentía por tanta clase de personas y monasterios interesados en los censos, y sería mejor recibida la resolución dejando los censos a 3’5 %, así por el menos daño que causaría como por que a este respecto había sido la regular minoración hecha voluntariamente por los acreedores, especialmente atendiendo a que uno de los principales motivos de la resolución de V. M. fue aliviar las haciendas para que sus dueños más fácilmente pudiesen pagar el Donativo o repartimiento impuesto por causas de la guerra. Y siendo este temporal y la baja perpetua, se debía templar con el menor daño de los acreedores. Y sin embargo V. M. mandó que se ejecutase lo resuelto, en cuya virtud se promulgó la Pragmática de reducción de censos a 3 % en 13 de dicho mes de febrero de 1705. Pero fue solamente para los Reinos de Castilla, sin que en los de Aragón, Valencia y Principado de Cataluña se tratase de ella por no ser Ley para aquellas partes, y si lo fuera se hubiera expedido por el Consejo de Aragón que entonces se mantenía, reconociéndose de aquí que ha sido acción muy voluntaria querer introducir en los referidos Reinos la Ley que privativamente se promulgó para otros. Y si en ello fuese necesario este remedio, debía expedirse otra Pragmática General para ellos. Mas para semejante resolución debe concurrir el bien universal y utilidad de la causa pública, sin daño común y considerable. Porque si puestos en parangón el perjuicio de unos con la conveniencia de otros estuviese en igual balanza, o se diferenciasen en poco, nunca se libraría una Ley nuevo de la nota de injusta, y según lo que resulta de los informes y demás papeles no se hallan en este paraje la conveniencia y el daño, pues supera esto con muchas ventajas al beneficio. Porque volviendo los ojos a cualquiera clase de personas de aquellos Reinos no se halla que semejante novedad no sólo no les alivia sino les daña, pues la de los deudores, que parecen los beneficiados, la tiene tal ojeriza que ni la desean ni quieren señal evidente de que, aunque parezca beneficio, oculta en sí otra naturaleza muy dañosa. No ha habido república, comunidad o pueblo en el Reino de Valencia y Principado de Cataluña que haya pedido o solicitado semejante arbitrio, previendo que con él se les cierra la puerta a todo consuelo, porque en el caso d la necesidad no hallarán dinero para su socorro, pues el acomodado no le querrá dar con tan poca ganancia y quedarán expuestos a la venta de sus bienes muebles y raíces a menos precio, y como la necesidad es muy continuada y repetida, viene a perder el deudor por este medio mucho más de lo que granjearán por el otro, y el beneficio se convierte en ruina conocida del que se trata de aliviar. Y este daño no que quedará en estos límites, que pasará a ser un manantial de pecados, reconociendo la usura, ejecutando contratos ilícitos para lograr inmoderadas ganancias y excesivos intereses. Porque el que tiene dinero no se contendrá en la corta utilidad de 3 % y querrá mayores utilidades, aunque sean ilícitas, en contratos hechos con sigilo, como en otro tiempo se ha experimentado, y cesó este mal con el antídoto de los censos a razón de 5 %, sin embargo de que en tiempos pasados aun no bastó este rédito a los censos y se aumentó a 6 y 6’5 % por desterrar los cambios secos y otros contratos usurarios, lo que después se redujo a 5 %, y por haberse considerado competente esta utilidad ha bastado para la expulsión de la usura, pero redescreyéndose a menos se reincidirá en el mismo inconveniente de los contratos ilícitos, por cuyas razones aun los mismos deudores consideran esta reducción por mal muy pernicioso en Valencia, sólo en Aragón han sido de dictamen algunas Comunidades seculares que la tendrá conveniencia este remedio por la necesidad que padecen, pero no dejan de reconocer el daño de la usura y la venta de bienes con pacto de retroventa como se ha experimentado desde que se ha esparcido el rumor de la baja, y aun se añade que en aquel Reino los censos impuestos sobre las Comunidades ya se iban reducido por concordias y consentimiento de las partes habiendo quedado permanente y solo los de particulares que regularmente  tocan a obras pías con que si allí se necesitaría de algún alivio lo ha remediado casi todo la penuria y constitución del tiempo a que se han allanado los acreedores. Pero en lo demás del Reino se supone la reducción como daño universal por los inconvenientes casi necesarios a la novedad. Y si se mira a otra clase de personas como es de todo estado eclesiástico secular y regular es mayor el daño y desconsuelo que causaría, porque todo él se mantiene casi de las rentas de censos, y especialmente los Monasterios de religiosas, en cuyos réditos consiste la mayor parte de su patrimonio, y si todos llegasen a padecer de más de las necesidades comunes la extravagante de este arbitrio, sería muy dificultosa su manutención y conservación de la vida religiosa, a lo que es consiguiente la ninguna subsistencia de sus obras pías, beneficios y capellanías y hospitales fundados y mantenidos con estas rentas, cuya baja o aniquilaría las fundaciones, o en gran parte minoraría los sufragios de los difuntos, y sería muy reparable, y aun injusticia, manifiesta que por aliviar en parte a algunos se atropellase al estado eclesiástico, y padeciese quiebra el culto de los templos. Y si ponemos la vista en la otra clase de personas principales, como es de la nobleza, como está regularmente, mantiene su decencia, su lucimiento en unos y otros, quizá quedarían pobres por no tener más que alguna renta moderada para su manutención, y si esta se redujese a menos, quedarían en una declarada miseria y procurando por este medio ayudar a unos solo le lograría dejar a todos en pobreza conocida. Si atendemos, como es de la obligación del Consejo, al Patrimonio Real tampoco se libra V. M. de esta calamidad, porque padecerán sus Rentas Reales un grande y manifiesto descalabro, como se experimentará en la obligación de 90.000 ducados del subsidio y excusado del estado eclesiástico de Cataluña que otorgó en atención a las Rentas eclesiásticas que poseía. Y si sucediese la baja de censos era consiguiente que a proporción se hiciese la de los 90.000 ducados. Y esta misma pretensión será consiguiente a los tres Reinos resultando de ella no sólo la baja de la obligación sino la dificultad de la paga de este derecho por ser necesario hacer nuevas tasas y repartimientos nuevos. El mismo daño se experimentará en el impuesto del Catastro sobre los réditos de los censos, que era consiguiente bajarse al respecto de la reducción. Sube a mayor esfera el daño del fisco en otra consideración por cuanto el comercio de los censos no hay dinero escondido de iglesias y monasterios que no sirva para la paga de las contribuciones y derechos reales, pero faltando la imposición censual, o se queda encubierto, oculto y sin comercio, o expendiéndole será para comprar bienes raíces que caen en manos muertas e inútiles para los derechos Reales, con notable perjuicio de los pueblos y paisanos, que quedarían sin fondo para la contribución y su mantenimiento. Punto muy delicado en que se interesa la causa pública. Otros dos motivos particulares concurren en Valencia y Cataluña que imposibilitan esta reducción: porque la Cerdaña tiene diferentes lugares en los dominios de Francia, donde corren los censos a razón de 5 %, y teniendo los de la española su comercio con los otros se privan de hallar dinero a censo, pudiéndole dar el dueño a los de la Cerdaña francesa con mayor ganancia, siendo estoy muy fácil por correr en unos y otros lugares la moneda francesa. De lo cual venía a resultar otro daño muy reparable de extraviarse por este medio la moneda a Reino forastero. El otro punto para Valencia es que con los rumores esparcidos de esta novedad, sin embargo de haber mandado V. M. que por ahora no se hiciese novedad, había gran dificultad en dar dinero a censo y para asegurar a los dueños fue necesario ocurrir a V. M., quien permitió se constituyesen en los censos a 5 %, en cuya virtud se han hecho algunas fundaciones, y fuera indecoroso a V. M. que quede frustrada la seguridad del censo fundado debajo de la protección y palabra Real, pudieran juntarse otros motivos y consideraciones enunciados en los informes, pero de todo se infiere que mirada esta materia con relación a todos lugares y personas interesadas les es muy nocivo este remedio dio porque no hay alguna que de presente o de futuro no reciba daño considerable.

            En vista de todo, considerando en Consejo que semejante reducción se opone al derecho natural que obliga a las partes a la observancia de los contratos, y que es nociva al estado eclesiástico con grande quiebra  del culto divino, y que no puede ser de utilidad pública lo que es de perjuicio a los nervios principales de los Reinos, como son la conservación del Patrimonio Real, el alimento del estado eclesiástico y clase de nobles y caballeros tan importantes para mantener el decoro de la Religión y esplendor de las repúblicas, y que pesa muy poco la conveniencia particular de alguno a vista del daño de tantos, y que no hay ni ha habido el clamor universal ni súplicas a V. M. de aquellos Reinos, ni concurren en ellos los motivos especiales que hubo en Castilla.

            Es de parecer que no se haga novedad en la paga de los réditos de los censos impuestos a razón de 5 % en los Reinos de Aragón, Valencia y Principado de Cataluña, y que al mismo respecto se puedan fundar de nuevo, no entendiéndose esta resolución con los que por concordias particulares se hubieran reducido a menos.

            V. M. resolverá lo que más sea de su Real servicio.

            Madrid, 14 de octubre de 1718. 

            Resolución de S. M.: “He mandado que por ahora no se haga novedad en los censos, y en todo lo demás he tomado providencia”.

*Selección y transcripción de Enrique Giménez López, 2017, bajo licencia Creative Commons “Reconocimiento – No comercial”. El autor permite copiar, reproducir, distribuir, comunicar públicamente la obra, y generar obras derivadas siempre y cuando se cite y reconozca al autor original. No se permite utilizar la obra con fines comerciales.